El Senado de la Nación aprobó este jueves dos iniciativas vinculadas con el régimen de propiedad en Argentina: la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reincorpora límites a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros.
El Tratado de Patentes obtuvo 47 votos afirmativos y 22 negativos, mientras que la ley de propiedad privada fue aprobada con 42 votos a favor y 26 en contra. Con estas votaciones, ambas iniciativas completaron su recorrido legislativo.
Las medidas abarcan distintos aspectos: desde la simplificación de los trámites para proteger invenciones en otros países hasta las condiciones para la adquisición de tierras rurales, las expropiaciones, las indemnizaciones y los procedimientos de desalojo.
Qué cambia con la aprobación del Tratado de Patentes
La adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes permitirá que inventores, empresas, pymes y emprendimientos tecnológicos puedan iniciar mediante una solicitud internacional el trámite para proteger sus invenciones en distintos países.
El acuerdo busca simplificar los procedimientos y reducir la cantidad de gestiones necesarias para solicitar protección de propiedad intelectual en las jurisdicciones que integran el sistema.
La iniciativa había sido aprobada por el Senado en 1998, pero regresó a la Cámara alta luego de que Diputados introdujera modificaciones en agosto de 2026. Entre los cambios se incluyó una reserva sobre el capítulo II, referido al procedimiento de examen preliminar internacional.
Es importante aclarar que el PCT no otorga automáticamente una patente válida en todos los países miembros. El tratado facilita la presentación y el procedimiento internacional, pero cada país conserva la decisión sobre la concesión de la protección definitiva.

Las objeciones de los laboratorios nacionales
Durante el debate legislativo, la adhesión al tratado generó cuestionamientos de representantes de la industria farmacéutica nacional.
Uno de los principales puntos de preocupación fue el denominado evergreening, una práctica por la cual una empresa puede intentar extender la protección comercial de un medicamento mediante modificaciones secundarias, sin que necesariamente exista una mejora terapéutica significativa.
Desde el sector también manifestaron inquietudes sobre el papel del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y la posible influencia de informes internacionales en las evaluaciones que realiza el organismo argentino.
El senador Francisco Paoltroni, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, defendió la iniciativa y sostuvo que el tratado permitirá simplificar los trámites para que pymes y emprendimientos tecnológicos puedan proteger sus desarrollos en el exterior.
Las objeciones de los laboratorios y las modificaciones introducidas durante el tratamiento parlamentario estuvieron entre los puntos centrales de la discusión.
Venta de tierras rurales a extranjeros: los límites aprobados
La segunda iniciativa sancionada por el Senado reincorpora restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, recuperando disposiciones de la Ley 26.737, aprobada en 2011.
El texto establece tres límites principales:
- 15%: es el porcentaje máximo de titularidad extranjera sobre las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental.
- 30%: es el límite que puede representar una misma nacionalidad dentro del cupo permitido para propietarios extranjeros.
- 1.000 hectáreas: es la superficie máxima que puede tener un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo, con las equivalencias correspondientes para otras regiones.
La restitución de estas restricciones fue incorporada durante el tratamiento en Diputados y quedó incluida en el texto que finalmente aprobó el Senado.

Expropiaciones: qué establece la nueva normativa
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada también introduce modificaciones en las condiciones para que el Estado pueda expropiar un inmueble por razones de utilidad pública.
El articulado establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva e identificar de forma específica y concreta el objetivo que justifica la medida. Además, determina que la expropiación deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese propósito.
En cuanto a las indemnizaciones, se establece que deberán contemplar el valor objetivo del bien, tomando como referencia su valor de mercado cuando pueda determinarse, además de los daños directos e inmediatos ocasionados por la expropiación.
La normativa excluye del cálculo las circunstancias personales del propietario, los valores afectivos, las ganancias hipotéticas y el incremento de valor que pudiera generar el proyecto que motivó la expropiación.
Cómo se reconocerá el lucro cesante
Otro de los puntos contemplados es el reconocimiento del lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario deja de percibir como consecuencia directa de la expropiación.
Para que pueda incorporarse a la indemnización, deberá acreditarse mediante pruebas objetivas, concretas y suficientes. Además, no podrá duplicar otros conceptos indemnizatorios.
Como regla general, el reconocimiento no podrá superar el equivalente al 30% del daño emergente, salvo que el propietario demuestre de manera fehaciente que sufrió una afectación mayor.

Regularización de viviendas y cambios en los desalojos
La ley también incorpora disposiciones para la regularización de inmuebles urbanos destinados a vivienda única y permanente.
Podrán acceder a los beneficios previstos quienes acrediten una posesión con causa lícita, pacífica, ostensible y continua durante al menos 10 años anteriores a la solicitud, siempre que cumplan con las demás condiciones establecidas en la normativa.
En relación con los desalojos por falta de pago de alquileres, el texto establece que el propietario deberá intimar formalmente al inquilino antes de iniciar una demanda judicial y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación para cancelar la deuda.
También se prevé que, una vez cumplido ese plazo o extinguida la locación, el propietario pueda iniciar la acción judicial correspondiente si el inmueble no es restituido. Infobae
Dos iniciativas con impacto en la propiedad y la actividad económica
Con la sanción de ambas iniciativas, el Congreso completó el tratamiento de dos proyectos que modifican aspectos diferentes del marco normativo argentino.
Por un lado, la adhesión al PCT incorpora al país a un sistema internacional para facilitar la presentación de solicitudes de patentes. Por otro, la ley de propiedad privada recupera límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y establece nuevas disposiciones sobre expropiaciones, indemnizaciones, regularización de viviendas y desalojos.
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