El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que obtuvo el respaldo unánime de los 71 legisladores presentes. La nueva normativa establece un régimen permanente de protección y mantiene los principales beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2026.
La aprobación se produjo después de meses de reclamos de organizaciones, prestadores y colectivos vinculados con la discapacidad. La iniciativa conserva derechos y prestaciones de la legislación anterior, pero elimina su carácter transitorio para establecer un marco de aplicación permanente y de orden público.
Entre los principales puntos se encuentran la continuidad de las pensiones no contributivas, la posibilidad de trabajar sin perder automáticamente el beneficio, la actualización de los aranceles de las prestaciones y la cobertura médica a través del programa federal Incluir Salud.

Qué establece la nueva Ley de Discapacidad
La modificación central es que las disposiciones dejan de depender de una declaración de emergencia con vencimiento determinado. De esta manera, el sistema tendrá un marco legal permanente y no necesitará renovaciones periódicas para mantener los derechos contemplados.
La normativa también establece condiciones para el acceso a las pensiones, mecanismos de financiamiento y controles periódicos para verificar el cumplimiento de los requisitos.
Pensiones por discapacidad: se podrán cobrar junto con un empleo formal
Uno de los beneficios centrales de la nueva ley es la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el trabajo registrado o la inscripción en el monotributo.
La prestación equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y podrá mantenerse cuando la persona tenga ingresos laborales inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El beneficio alcanza a quienes cumplan con los requisitos establecidos y cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Si los ingresos superan el límite previsto, la pensión podrá suspenderse mientras se mantenga esa situación. La normativa contempla la posibilidad de solicitar su rehabilitación cuando finalice la actividad laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse dentro del límite permitido.
La medida busca evitar que una persona deba elegir entre acceder a un empleo formal y conservar el respaldo económico que representa la pensión.
Actualización de prestaciones y aranceles
La ley mantiene el principio de nomenclador único de prestaciones, que establece valores de referencia para los servicios destinados a personas con discapacidad.
Además, dispone la actualización periódica de los aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El objetivo es que los valores de las prestaciones acompañen la evolución de los precios y que profesionales, instituciones y organizaciones puedan contar con mayor previsibilidad para sostener los servicios.
Cobertura médica a través de Incluir Salud
Otro de los puntos centrales es la continuidad de la cobertura básica de protección médica mediante el programa federal Incluir Salud para las personas que perciben pensiones por discapacidad.
La normativa busca garantizar el acceso a las prestaciones médicas contempladas en el sistema y sostener la atención de quienes necesitan servicios específicos vinculados con su discapacidad.

Financiamiento y auditorías: cómo serán los controles
En materia presupuestaria, la nueva ley establece que los recursos asignados al Ministerio de Salud para el sistema de discapacidad no podrán ser inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
También crea un esquema de auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre distintos organismos nacionales:
- ANSES: Administración Nacional de la Seguridad Social.
- ARCA: Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
- SINTyS: Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.
- RENAPER: Registro Nacional de las Personas.
Los controles deberán realizarse bajo el principio del debido proceso inclusivo, con garantías para las personas alcanzadas por las evaluaciones.
Deudas con prestadores y plazo para reglamentar la ley
La legislación también contempla una cláusula transitoria vinculada con las deudas que el sistema mantiene con prestadores de servicios para personas con discapacidad.
El texto establece un cronograma para ordenar el pago de las compensaciones pendientes. Según la información difundida durante el tratamiento parlamentario, el Poder Ejecutivo deberá avanzar con las medidas correspondientes para regularizar esas obligaciones.
Además, la normativa fija un plazo máximo de 30 días para su reglamentación, una vez cumplidos los pasos correspondientes para su entrada en vigencia.
Una aprobación unánime en el Senado
La votación reunió el acompañamiento de todos los bloques políticos y se concretó con 71 votos afirmativos y ninguno en contra.
La sanción se produjo luego de un extenso debate y de los reclamos sostenidos por organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores, que habían advertido sobre las dificultades para mantener las prestaciones y los servicios.
Con esta aprobación, el Congreso estableció un régimen permanente que busca garantizar la continuidad de las pensiones, la cobertura médica y los servicios destinados a las personas con discapacidad en todo el país.
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