El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso de la Nación rechazara el veto del presidente Javier Milei y ratificara el proyecto original con mayoría especial. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Sin embargo, el Ejecutivo suspendió la aplicación de la ley hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes al Presupuesto Nacional. “El Congreso de la Nación omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones”, señala el texto oficial.
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Impacto fiscal estimado
De acuerdo con cálculos del Gobierno, la puesta en marcha de la norma implicaría un gasto de $2,1 billones en 2025 (0,26 % del PBI) y $4,7 billones en 2026 (0,47 % del PBI). A ello se sumarían los costos del Programa Incluir Salud, con $574.200 millones para 2025 y $1,2 billones para 2026, además de una compensación económica a prestadores de $278.323 millones.
En total, la ejecución demandaría $3,01 billones para 2025, equivalentes al 0,35 % del PBI. Desde el Ejecutivo argumentaron que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación” y que aun reasignando partidas de los tres poderes del Estado, los fondos serían insuficientes.
Del veto a la promulgación obligada
El presidente Milei había vetado la ley en agosto mediante el Decreto 534/25, al considerar que “resultaba imprescindible diseñar toda ampliación de prestaciones con criterios de viabilidad financiera y sustentabilidad en el tiempo”.
No obstante, el rechazo del veto en Diputados y en el Senado obligó al Gobierno a promulgar la norma, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.
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Ajustes parciales y próximos pasos
Mientras se define el financiamiento integral, el Ejecutivo dispuso una readecuación presupuestaria a través de la Decisión Administrativa 24/2025, que asigna mayores recursos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a partir del 1° de octubre. La medida busca dar respuesta a los reclamos de prestadores del sistema de atención.
La promulgación ya fue comunicada formalmente al Congreso, que deberá avanzar en las medidas necesarias para garantizar la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
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