El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este jueves que el Gobierno Nacional vetará la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en línea con la decisión de mantener los vetos al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan. La medida llega en medio de la tensión política tras el revés electoral que sufrió el oficialismo en la Provincia de Buenos Aires.
“Hubo por supuesto un error político. No se llegó a explicar de manera simple por qué hacemos lo que estamos haciendo”, reconoció Adorni en declaraciones a A24, aunque aclaró que no habrá cambios en la estrategia económica. “Sin duda cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo. ¿Cuál es el otro camino, Venezuela, Cuba? No vamos a ceder ante eso”, enfatizó.
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El vocero defendió los vetos presidenciales al señalar que las leyes implicaban “delirios populistas” con un fuerte costo fiscal. “ATN se veta. Cada uno (de los vetos) tiene una explicación. Nosotros no cambiamos el norte por una elección. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir, pero el rumbo no se modifica”, sostuvo.
Respecto de la derrota frente al peronismo en la Provincia, Adorni habló de “autocrítica” y admitió que el Gobierno debe mejorar su capacidad de comunicación. “Hay sectores a los que les está yendo muy bien y otros a los que les está costando arrancar. El error más grande fue no explicar con claridad”, señaló.
En paralelo, desde Casa Rosada confirmaron la conformación de una mesa política nacional y otra bonaerense con los mismos referentes del armado electoral, y oficializaron la designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior.
Por otra parte, el funcionario volvió a cuestionar la ley vinculada a discapacidad, que ya quedó promulgada tras el rechazo al veto. “El gasto en discapacidad incrementa el gasto del Estado en 5.000 millones de dólares. Una ley que no estima el recurso o no explica de dónde sale la partida es inviable”, advirtió, y adelantó que el Ejecutivo analiza la vía judicial.
La postura de la Casa Rosada refleja que, pese a las presiones políticas y sociales, el Gobierno seguirá firme en su plan de ajuste fiscal y en el uso del veto presidencial como herramienta para frenar proyectos que incrementen el gasto público.
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