El presidente Javier Milei defendió la estrategia adoptada por su Gobierno frente a las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas y rechazó que las últimas medidas tengan una finalidad electoral.
Durante una entrevista con Neura Streaming, el mandatario sostuvo que las acciones contra empresas, accionistas y prestadores de servicios relacionados con proyectos petroleros en el área en disputa venían siendo trabajadas con anterioridad y que distintos acontecimientos internacionales aceleraron su implementación.
“No tiene una intencionalidad electoral”, afirmó Milei al rechazar las interpretaciones que vinculan las decisiones con el escenario político argentino.
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Según el Presidente, la estrategia comenzó a desarrollarse mucho antes de los últimos anuncios y fue analizada dentro del Gabinete. En ese marco, señaló que las declaraciones realizadas por Donald Trump el 31 de agosto contribuyeron a acelerar los tiempos.
El mandatario estadounidense había sido consultado sobre si Estados Unidos estaba revisando su posición respecto de la disputa por las islas y respondió que revisaba todas sus posiciones, aunque no precisó si Washington modificaría su postura histórica.
Milei sostuvo que ese escenario internacional generó una oportunidad para avanzar con medidas que ya estaban siendo evaluadas por su administración.
“La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas”, explicó el Presidente.
Trump, por su parte, no anunció un cambio concreto en la posición estadounidense sobre la soberanía de las islas.
El Gobierno abrió procedimientos contra 60 sujetos
En septiembre, el Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas, según la administración nacional, con actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina.
El 4 de septiembre, la Oficina del Presidente informó la apertura de procedimientos contra 45 personas humanas y jurídicas, en el marco de la Ley 26.659.
Cuatro días después, se anunciaron otros 15 procedimientos, por lo que el número total de sujetos alcanzados por los expedientes administrativos llegó a 60.
Los procedimientos incluyen no sólo a empresas que participan directamente de los proyectos, sino también a accionistas y compañías que prestan servicios relacionados con esas actividades.
Las actuaciones se encuentran dentro de un proceso administrativo y las responsabilidades deben determinarse en cada expediente.
Presión económica sobre las empresas
Milei explicó que uno de los ejes de la estrategia consiste en aumentar los costos económicos para las compañías que participen en proyectos hidrocarburíferos en las islas sin autorización argentina.
En ese sentido, planteó que las empresas podrían tener que optar entre participar de proyectos vinculados con la explotación de recursos en las Malvinas o desarrollar inversiones en el territorio continental argentino.
El Presidente mencionó especialmente las oportunidades de inversión de Vaca Muerta y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como parte de la estrategia.
Además, el Gobierno anunció un proyecto para endurecer las sanciones previstas por la Ley 26.659 y ampliar su alcance a otras actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales. El vocero presidencial Adrián Ravier explicó que la iniciativa también contempla restricciones para el Estado y empresas privadas respecto de la contratación de compañías consideradas infractoras.
Denuncias penales y nuevas medidas
La estrategia oficial también incluye acciones judiciales. La Cancillería presentó denuncias penales contra compañías vinculadas con proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera en la zona de las Malvinas.
Entre las empresas señaladas aparecen Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, vinculadas al proyecto offshore Sea Lion. El Gobierno argentino sostiene que las actividades se desarrollan sin autorización argentina, mientras que las compañías sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido.
A su vez, el Ejecutivo anunció que ampliará las denuncias contra otras empresas y actores relacionados con los proyectos.
La estrategia también contempla modificaciones regulatorias para acelerar la aplicación de la Ley 26.659. Entre las medidas anunciadas figura el Decreto 868 de 2026, que establece a la Cancillería como autoridad de aplicación y busca centralizar los procedimientos sancionatorios.
La disputa por los recursos de las Malvinas
El Gobierno de Milei sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área en disputa afectan los recursos naturales que Argentina considera propios.
El Reino Unido, en cambio, mantiene su posición de soberanía sobre las islas y sostiene que las actividades económicas desarrolladas allí cuentan con las autorizaciones correspondientes de las autoridades de las Falkland Islands. Reuters informó que las empresas involucradas también defienden la validez de sus licencias.
En este contexto, las medidas anunciadas por la administración argentina combinan herramientas administrativas, judiciales, económicas y diplomáticas.
Milei insistió en que la decisión no responde a una maniobra electoral y sostuvo que el Gobierno viene trabajando sobre la cuestión Malvinas desde hace años. Según su explicación, los acontecimientos internacionales recientes funcionaron como un factor que permitió acelerar una estrategia que ya estaba en marcha.
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