
Un proyecto de ley ingresado al Senado de Entre Ríos propone prohibir el uso de celulares por parte de estudiantes en los niveles obligatorios dentro de las instituciones educativas. La iniciativa fue girada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y plantea un marco regulatorio claro para abordar una problemática creciente en el ámbito escolar.
El autor del proyecto, el senador Alberto Otaegui, argumentó que la medida apunta a ordenar el uso de la tecnología en las aulas y brindar herramientas a las escuelas para actuar frente a situaciones que afectan la dinámica educativa.
Según el texto, la autoridad de aplicación será el Consejo General de Educación (CGE), que deberá reglamentar y supervisar el cumplimiento de la norma.
Excepciones y sanciones
La iniciativa contempla excepciones puntuales. Los estudiantes podrán utilizar sus dispositivos cuando un docente lo requiera con fines pedagógicos —previa notificación—, ante situaciones de fuerza mayor o en otros casos que determine la autoridad educativa.
En cuanto a las sanciones, el proyecto establece que cada institución podrá definirlas, siempre que sean comunicadas previamente a estudiantes y familias, y en coordinación con el organismo competente.
Fundamentos: distracción y riesgos digitales
Entre los argumentos, se destaca que el uso del celular es una de las principales causas de distracción en el aula y un obstáculo para la socialización durante los recreos.
El proyecto cita datos de Argentinos por la Educación basados en las pruebas PISA 2022, que indican que Argentina es uno de los países con mayor proporción de estudiantes distraídos por dispositivos digitales, tanto propios como de sus compañeros.
Además, se advierte sobre los riesgos asociados al uso de celulares, como el acceso a apuestas online, el grooming, el ciberacoso y la difusión de contenido sin consentimiento. También se menciona la proliferación de retos virales peligrosos, que pueden poner en riesgo la integridad de los estudiantes.
Debate sobre el uso en el aula
El proyecto reconoce, no obstante, el potencial pedagógico de los dispositivos móviles, al permitir el acceso a información y recursos educativos. Por ello, plantea la necesidad de un equilibrio entre su uso responsable y la regulación.
Asimismo, contempla la importancia de que las familias puedan comunicarse con los estudiantes por cuestiones de seguridad, lo que añade complejidad al debate.
En ese sentido, el legislador remarcó que la problemática requiere “abordajes urgentes” que contemplen tanto la concientización como medidas concretas para mejorar el entorno educativo.
A nivel internacional, países como Francia, Italia y Canadá ya implementaron restricciones similares en el ámbito escolar, en busca de reducir distracciones y mejorar el rendimiento académico.
El proyecto ahora deberá ser analizado en comisión, en un contexto de creciente discusión sobre el impacto de la tecnología en la educación.
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