
Luego de que el expresidente Alberto Fernández fuera procesado por presunta corrupción en el marco de la causa conocida como “Seguros”, un grupo de legisladores porteños presentó un pedido formal ante la ANSES para que se le suspenda la jubilación de privilegio que percibe mensualmente.
La solicitud fue encabezada por la legisladora Graciela Ocaña, junto a sus pares María Sol Méndez y Sebastián Nagata, integrantes del interbloque Confianza Pública. En el documento, dirigido a Fernando Bearzi, titular del organismo, se solicita la “suspensión de la asignación mensual vitalicia que percibe el ex Presidente de la Nación Alberto Fernández”.
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“Es sabido que los beneficios que otorga la Ley 24.018 son un privilegio para quien desempeñó una de las funciones públicas más importantes del país. Pero si esa persona utilizó ese lugar para beneficio propio y cometió delitos desde esa posición, no puede ni debe mantener ese beneficio”, argumentaron los legisladores.
Según precisaron, Fernández cobra $8.877.518,67 mensuales, una cifra que equivale a más de 24 jubilaciones mínimas, lo cual consideran “una carga injusta para las arcas públicas”.
El procesamiento y el embargo millonario
El reclamo se produce tras la decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien este jueves procesó a Alberto Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa que investiga el uso de intermediarios privados en contrataciones de seguros durante su gestión.

Además del procesamiento, el magistrado ordenó un embargo sobre los bienes del exmandatario por más de $14.600 millones, al considerar que favoreció a empresas vinculadas a su entorno personal mediante contratos con organismos estatales.
Según el fallo, Fernández “impulsó a actores del mundo privado vinculados a su círculo íntimo, validando sus acciones y facilitando su intermediación en operaciones millonarias con Nación Seguros”.
Impacto político y cuestionamientos éticos
Los legisladores afirmaron que “el mensaje es inaceptable” en un contexto de crisis económica: “Mientras un jubilado que trabajó toda su vida tiene que elegir entre comprar medicamentos o alimentos, un expresidente procesado cobra casi 9 millones por mes”, denunciaron.
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Pidieron que la suspensión del beneficio se mantenga hasta que se resuelva definitivamente la culpabilidad o inocencia del exmandatario en los hechos investigados.
El pedido a la ANSES podría generar una nueva pulseada institucional, ya que no existen precedentes inmediatos de quita de este tipo de beneficios sin sentencia firme, aunque la ley prevé su suspensión en casos excepcionales por razones de interés público. (TN)
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