La Justicia provincial anuló la cesantía del ex tesorero de la Municipalidad de General Campos, Nahuel Emiliano Guiffrey, y ordenó su reincorporación al plantel municipal, junto con el pago de los salarios caídos desde 2021 hasta su efectivo reingreso, más intereses. La decisión está vinculada al sumario administrativo iniciado tras el faltante de 36.000 dólares de la caja fuerte del municipio.
El fallo fue dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo N.º 2, que hizo lugar a la demanda presentada por Guiffrey contra la comuna. Los magistrados concluyeron que el procedimiento administrativo que derivó en su expulsión fue ilegítimo y vulneró garantías constitucionales básicas, como el derecho de defensa y el debido proceso.
Según surge de la sentencia, durante el sumario no se imputó de manera concreta una conducta específica al entonces tesorero. Además, el tribunal advirtió la falta de fundamentación adecuada en el decreto que dispuso la cesantía y la ausencia de pruebas suficientes que acreditaran culpa o negligencia en su accionar.
Los jueces también cuestionaron que se le atribuyera una responsabilidad objetiva por el solo hecho de ocupar el cargo, sin demostrar una participación directa o indirecta en la desaparición del dinero. En ese sentido, remarcaron que la normativa vigente exige acreditar culpa o negligencia para aplicar una sanción de semejante gravedad.
Como consecuencia, la Cámara declaró la nulidad de los decretos municipales que dispusieron la suspensión, la cesantía y el rechazo de los recursos administrativos interpuestos por Guiffrey. Asimismo, ordenó al municipio el pago de los haberes adeudados con intereses y la imposición de las costas del proceso a la comuna, consignó el medio El Entre Ríos.
El faltante de los 36.000 dólares había sido detectado en enero de 2021, aunque el dinero se encontraba resguardado en la caja fuerte municipal desde mayo de 2020. A partir de ese hecho se inició el sumario que concluyó con la cesantía ahora dejada sin efecto por la Justicia.
De este modo, el tribunal entendió que la sanción aplicada fue desproporcionada y arbitraria, y que el procedimiento estuvo viciado desde su inicio, lo que motivó la restitución del ex funcionario a su cargo y el reconocimiento de sus derechos laborales.
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