Desde este jueves, los teléfonos celulares importados dejan de pagar aranceles aduaneros en la Argentina, tras la entrada en vigencia de una medida impulsada por el Gobierno nacional, que busca incrementar la competencia y generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores. No obstante, las autoridades aclararon que el impacto no será inmediato en los valores de venta.
Para el ministro de Economía, Luis Caputo, la eliminación del gravamen representa “un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos”. La medida se enmarca en el decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, mediante el cual la administración libertaria había reducido el arancel de estos dispositivos del 16% al 8%, y que ahora pasa directamente al 0%.
El mismo decreto ya había eliminado las alícuotas para celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego, que pasaron del 9% al 0%, y también dispuso una rebaja de los impuestos internos para televisores y consolas de videojuegos importadas, del 19% al 9,5%.
Entre los fundamentos oficiales, el Gobierno destacó que la medida “mejorará las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducirá los precios de mercado y facilitará el acceso de los consumidores, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo en su cuenta de X: “Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos”.
Preocupación sindical por la quita de aranceles
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional Río Grande, manifestaron una fuerte preocupación por el impacto de la medida sobre la industria nacional, especialmente en Tierra del Fuego.
“Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”, afirmó el secretario adjunto del gremio, Marcos Linares. El dirigente recordó que durante 2025 el sindicato llevó adelante un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción electrónica en las plantas de Río Grande.
Desde el gremio advirtieron que la eliminación de aranceles “afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”. Linares remarcó que el régimen industrial fueguino representa el 78% de la economía provincial y que la industria electrónica genera alrededor de 8.500 puestos de trabajo en la isla, según consignó Ámbito.
Cabe recordar que este esquema productivo fue creado en 1972 y que, de acuerdo a la ley vigente, exime del pago de impuestos nacionales a las actividades realizadas en Tierra del Fuego, lo que históricamente incentivó la radicación industrial en la región.
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