La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso la baja de cuatro empresas de medicina prepaga en el marco de un proceso de fiscalización y depuración del sistema sanitario. Con esta decisión, ya suman más de 50 las entidades eliminadas en lo que va del año y cerca de 170 desde el inicio de la actual gestión.
Las compañías alcanzadas en esta instancia son Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres, sobre las cuales el Gobierno inició el procedimiento para rechazar su inscripción definitiva en el registro nacional.
Según explicaron desde el organismo, la medida responde a la falta de acreditación de actividad real por parte de estas entidades, un requisito clave para operar en el sistema. Entre las exigencias se encuentra la demostración de contar con una cartera activa de afiliados, condición necesaria para garantizar la transparencia y la libre competencia en el sector.
El proceso forma parte de una política impulsada por el Poder Ejecutivo para “reordenar” el padrón de prestadores, con el objetivo de asegurar información confiable para los usuarios y reglas claras para las empresas que brindan servicios de salud.
Un mes atrás, el Gobierno había dado de baja a otras 10 prepagas, en lo que definió como una etapa más de este proceso de depuración. En ese momento, se detalló que ya eran 162 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva.
Entre las entidades incluidas en esa tanda anterior se encontraban el Círculo Médico de San Luis, el Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Protección Médica SRL, ECSA Salud, la Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina, And the Yellow Too S.A., la Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, la Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución y la Mutual Odontológica Argentina.
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud remarcaron que estas acciones buscan que el registro refleje únicamente a entidades que cumplan con los requisitos legales, tengan actividad comprobable y operen dentro de un marco de competencia transparente.
De esta manera, el Gobierno continúa avanzando en la reorganización del sistema de salud privado, con un enfoque puesto en el control, la regularización y la protección de los usuarios.
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