Trabajador del Estado (Foto: Pixabay)

El Gobierno Nacional avanza en su política de evaluación de idoneidad para los empleados públicos, con el objetivo de medir su conocimiento y desempeño. Según fuentes oficiales, más de 8.500 trabajadores han rendido la prueba hasta la fecha, de los cuales el 95% obtuvo un resultado satisfactorio. Sin embargo, aprobar no asegura la continuidad laboral, ya que los contratos están sujetos a la permanencia de los organismos en los que prestan servicio.

Detalles del examen

La prueba, compuesta por 24 preguntas de opción múltiple, varía según el perfil del empleado: servicios generales, administrativos o profesionales. Entre los contenidos evaluados se encuentran:

  • Comprensión lectora, con análisis de textos literarios como Cien años de soledad.
  • Razonamiento lógico-matemático, con problemas como: «Si 4x = 16, ¿cuánto vale X?»
  • Conocimientos legales, como los requisitos de la Constitución Nacional para ser juez de la Corte Suprema o aspectos de la Ley de Ética Pública.
Examen de idoneidad- Clarín
Examen de idoneidad- Clarín
Tiene diferentes consignas
Tiene diferentes consignas

El examen se lleva a cabo en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ubicada en Avenida Belgrano al 637, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los empleados tienen hasta tres oportunidades para aprobar; quienes no lo logren podrían enfrentar la desvinculación laboral.

Implicancias laborales

Aunque la evaluación busca garantizar la idoneidad de los empleados públicos, su aprobación no asegura la estabilidad laboral. Si un organismo o área es cerrado por decisión del Gobierno, los trabajadores pueden ser reubicados o despedidos. «El examen es una condición necesaria, pero no suficiente», explicaron fuentes oficiales.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno ha reducido un 7% del personal estatal, eliminando más de 34.000 empleos públicos y cerrando más de 200 áreas. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió estas medidas como parte de un plan de optimización administrativa.

Críticas gremiales

Los gremios, por su parte, han cuestionado las evaluaciones, calificándolas como «una herramienta tendenciosa y hostil». A pesar de ello, el proceso continuará hasta el 30 de marzo de 2024, marcando un hito en la reestructuración de la administración pública. Con informacion de Clarín

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