
La petrolera británica Rockhopper Exploration ratificó que mantiene como objetivo iniciar la producción de petróleo del proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, durante el primer trimestre de 2028, pese a las medidas impulsadas por Argentina contra la explotación de hidrocarburos en el área.
La compañía informó su posición en la presentación de sus resultados semestrales ante el mercado británico y sostuvo que continúa trabajando con su socio Navitas Petroleum, empresa israelí que posee el 65% del proyecto, mientras Rockhopper mantiene el 35% restante. La iniciativa está ubicada aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
El director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, señaló que el objetivo de obtener el primer petróleo durante el primer trimestre de 2028 continúa vigente. La compañía también mantiene el cronograma para comenzar las perforaciones de desarrollo durante 2027.
Rockhopper sostiene el cronograma de Sea Lion
La empresa británica considera que el proyecto cuenta con respaldo de las autoridades del Reino Unido y de las autoridades de las islas.
En agosto, Rockhopper ya había informado que se encontraba encaminada hacia el objetivo de obtener el primer petróleo de Sea Lion en el primer trimestre de 2028 y que las perforaciones de desarrollo estaban previstas para comenzar a principios de 2027.
La compañía también informó una operación de financiamiento que incluyó una colocación de nuevas acciones por alrededor de 180 millones de dólares, además de otros 20 millones de dólares obtenidos mediante una oferta abierta, de acuerdo con la información suministrada sobre sus resultados.
Según la empresa, estos recursos permiten sostener el financiamiento del emprendimiento hasta la etapa prevista de inicio de producción.
Argentina avanza con medidas contra el proyecto
La ratificación del cronograma se produce en medio de una escalada de acciones legales y administrativas impulsadas por Argentina contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona de Malvinas.
El Gobierno argentino presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum y sus ejecutivos y cuestionó las actividades desarrolladas a partir de licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas.
Además, la Justicia Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto Sea Lion.
La resolución alcanzó las tareas vinculadas con las perforaciones, la instalación de infraestructura submarina, las actividades necesarias para la extracción y otras obras asociadas al desarrollo del emprendimiento. La magistrada también solicitó información sobre el estado del proyecto, su cronograma, contratistas, financiamiento y estudios ambientales.
La medida fue dictada en el marco de una acción preventiva presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA).

El proyecto prevé distintas etapas de producción
Sea Lion contempla un desarrollo dividido en distintas fases.
La primera etapa contempla la perforación de 11 pozos y tiene como objetivo avanzar hacia la producción inicial. Para las etapas posteriores, Navitas prevé desarrollar el Área de Desarrollo Central, que contempla 38 pozos adicionales.
La empresa israelí también avanzó con la adquisición del buque OSX-1, una unidad que podría ser utilizada para las etapas posteriores del desarrollo. Rockhopper señaló que la incorporación de este activo busca acelerar el avance hacia una futura decisión final de inversión para el Área de Desarrollo Central.
De acuerdo con la planificación difundida por las compañías, la decisión final de inversión para esa segunda etapa está proyectada para el primer semestre de 2028, mientras que el comienzo de la producción correspondiente a esa zona está previsto para fines de 2030.
Un conflicto que combina soberanía, petróleo y cuestiones ambientales
El proyecto Sea Lion se encuentra atravesado por la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.
Mientras Argentina sostiene que la explotación de recursos naturales en el área requiere autorización del Estado argentino y cuestiona las actividades hidrocarburíferas desarrolladas por empresas bajo licencias británicas, el Reino Unido y las autoridades de las islas sostienen una posición diferente respecto de la administración del territorio y sus recursos.
En paralelo, la causa judicial argentina incorporó cuestiones ambientales. La Justicia Federal de Río Grande fundamentó la medida cautelar, entre otros aspectos, en la ausencia de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas y en el principio de prevención.
La ejecución efectiva de la orden judicial en el área también presenta un componente internacional, debido a que las empresas y las actividades del proyecto se encuentran vinculadas con autoridades y jurisdicciones extranjeras.
Rockhopper informó pérdidas, pero no por la operación petrolera
En sus resultados semestrales, Rockhopper declaró una pérdida antes de impuestos de 3 millones de dólares, frente a los 51,4 millones registrados durante el mismo período de 2025.
La compañía explicó que la diferencia estuvo vinculada principalmente con movimientos contables extraordinarios relacionados con un arbitraje contra Italia durante el período anterior.
El proyecto Sea Lion todavía no genera ingresos por producción petrolera, ya que se encuentra en una etapa previa al inicio de la extracción.
De esta manera, mientras Rockhopper y Navitas mantienen su planificación empresarial para comenzar la producción en 2028, Argentina continúa desplegando acciones judiciales, administrativas y diplomáticas para impedir el avance del proyecto. La medida cautelar vigente de la Justicia Federal de Río Grande constituye, por ahora, uno de los principales obstáculos legales planteados al emprendimiento.
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