Uruguay enfrenta una preocupante ola de amenazas de bomba, con más de 20 llamadas telefónicas y cinco correos electrónicos que han obligado a evacuar diversas instituciones públicas y privadas desde el 22 de marzo. Ante la reiteración de estos hechos, el gobierno decidió reforzar la seguridad en espacios públicos y avanzar con las investigaciones.
El lunes, la Universidad Católica de Uruguay recibió una amenaza que obligó a desalojar sus sedes en Montevideo, Punta del Este y Salto. Un día antes, ocurrió lo mismo con el Mercado Agrícola de Montevideo y el Portones Shopping. La serie de advertencias comenzó el 22 de marzo, cuando se evacuó el Montevideo Shopping, seguido por el Punta Carretas Shopping y otros edificios educativos en los días posteriores.
Tres detenidos por las falsas amenazas
Las autoridades lograron identificar y detener a tres personas vinculadas a estas amenazas. Una mujer de 28 años y un joven de 20 fueron imputados por simulación de delito y violencia privada, y cumplen prisión domiciliaria con tobillera electrónica mientras avanza la investigación.
Además, un guardia de seguridad de 32 años, que había dado entrevistas sobre los desalojos, fue condenado a seis meses de prisión por realizar amenazas contra un shopping y dos hospitales. Cumplirá la pena en régimen de libertad a prueba y trabajo comunitario.
A pesar de estas detenciones, el ministro del Interior, Carlos Negro, advirtió que aún hay más personas involucradas y que todas serán llevadas ante la justicia. Además, el gobierno aplicará multas de hasta 182.000 pesos uruguayos (4.300 dólares) para los responsables, según lo estipulado por la ley.
La serie de amenazas ha generado preocupación en la población uruguaya, ya que el país es considerado uno de los más pacíficos de Latinoamérica. Las autoridades mantienen el monitoreo y continúan con las investigaciones para evitar nuevos episodios.
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