La investigación por presuntas coimas en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas episodios de alto impacto judicial y político.
Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso allanamientos simultáneos en distintos barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, y el exfuncionario Diego Spagnuolo.
En el marco de esos operativos, la fiscalía detectó una caja de seguridad con 80.000 dólares en el Banco BBVA, vinculada a un exdirector de la Agencia. Los investigadores consideran que el rastreo del flujo de dinero es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios nacionales en acuerdo con la empresa proveedora de medicamentos.
Renuncia de la defensa y nuevas denuncias
El avance de la pesquisa coincidió con la renuncia de los abogados de Spagnuolo, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron de la defensa alegando motivos personales.
En paralelo, el juez Sebastián Casanello denunció al jefe de sistemas de Suizo Argentina por resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio, lo que añadió tensión al caso.
Testimonios y documentación secuestrada
Durante la noche del jueves declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien habría aportado detalles de conversaciones con Spagnuolo sobre pagos indebidos y maniobras de corrupción. A partir de esa declaración, la fiscalía profundizó el rastreo patrimonial y localizó la caja de seguridad con divisas.
Los allanamientos más recientes también alcanzaron domicilios de los Kovalivker, Spagnuolo y el exfuncionario Daniel Garbellini, donde se secuestraron correos electrónicos y expedientes relacionados con compras de medicamentos.
Una causa sensible para el Gobierno
El expediente se inició tras la filtración de audios que involucran a dirigentes del oficialismo. Están bajo investigación Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, los hermanos Kovalivker y Spagnuolo, entre otros.
Según la imputación, habrían participado de un esquema de sobornos y administración fraudulenta con impacto directo sobre fondos públicos y posibles violaciones a la Ley de Ética Pública.
La continuidad de la causa dependerá del análisis de la documentación bancaria y fiscal pendiente de remisión a la fiscalía, en lo que ya se perfila como una de las investigaciones más sensibles para el gobierno en materia de corrupción. NA
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