PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores por irregularidades y presentó denuncias penales

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El PAMI confirmó la baja de más de 1.500 prestadores de salud en todo el país tras detectar graves irregularidades en auditorías realizadas durante los últimos meses. Además, el organismo presentó nuevas denuncias penales por presuntos hechos de corrupción vinculados a prestadores de Tucumán y Chaco.

La medida fue informada oficialmente por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), encabezado por Esteban Leguízamo, junto al Ministerio de Salud de la Nación.

Según detallaron desde el organismo, las auditorías detectaron tres tipos principales de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones médicas inexistentes y establecimientos que no cumplían con las condiciones mínimas de higiene y seguridad exigidas.

“Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señalaron desde la institución.

El caso investigado en Tucumán

Uno de los expedientes más relevantes involucra a Sanarte S.R.L., un policonsultorio ubicado en San Miguel de Tucumán.

La auditoría detectó irregularidades administrativas y sanitarias, entre ellas la falta de habilitación municipal actualizada y legajos incompletos de profesionales médicos, sin matrículas ni inscripciones correspondientes.

Además, se registraron demoras de hasta 21 días para conseguir turnos en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, afectando directamente la atención de jubilados y pensionados.

Uno de los puntos más cuestionados fue el sistema de turnos “por orden de llegada”, con asignaciones cada un minuto, una modalidad considerada incompatible con una atención médica adecuada.

Las auditorías también detectaron historias clínicas sin firma profesional, estudios médicos sin informes y prestaciones transmitidas al PAMI sin respaldo documental, hechos que podrían implicar incumplimientos a la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

Denuncia penal y rescisión de contrato en Chaco

El segundo caso corresponde a un médico prestador de la UGL XIII de PAMI en Chaco, donde las auditorías detectaron inconsistencias administrativas, incumplimientos contractuales y deficiencias en la documentación clínica obligatoria.

Según el expediente, los descargos presentados por el profesional fueron considerados insuficientes por el organismo, que resolvió aplicar sanciones administrativas y rescindir el contrato.

Ante la gravedad de las irregularidades detectadas, el PAMI avanzó además con una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para determinar si existieron delitos vinculados al funcionamiento del sistema prestacional.

Auditorías y controles en todo el país

Las medidas forman parte de un proceso de fiscalización impulsado desde la llegada de Esteban Leguízamo a la conducción del organismo.

En noviembre de 2025, el PAMI ya había denunciado ante la Justicia Federal una presunta estafa millonaria mediante órdenes médicas electrónicas falsas, facturación sin respaldo y utilización indebida de datos personales de afiliados.

Posteriormente, nuevas auditorías realizadas en febrero de 2026 detectaron casos con volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Entre ellos, un prestador que declaró 283 prácticas médicas en apenas cinco horas y otro que registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día.

Frente a este escenario, el organismo implementó un sistema de control basado en auditorías permanentes, monitoreo de prestaciones, uso obligatorio del turnero digital y sanciones automáticas ante irregularidades.

Desde el Instituto aclararon que las bajas de prestadores no afectarán la continuidad de los tratamientos médicos de los afiliados, ya que se trabaja con la red de atención disponible para garantizar las prestaciones en todo el país.

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