El Senado de la Nación Argentina llevará adelante este jueves una sesión decisiva en el marco de las extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, en la que se definirá la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil. El encuentro en el recinto comenzará a las 11 y marcará el cierre del período legislativo especial impulsado por el Ejecutivo.
La Cámara alta llega a esta instancia con la responsabilidad de sancionar dos leyes consideradas prioritarias para el oficialismo libertario. En primer lugar, el proyecto de reforma laboral, que volvió en segunda revisión desde Diputados, será el último tema en tratarse durante la jornada. Los senadores deberán resolver si aceptan las modificaciones introducidas —especialmente en lo referido a licencias médicas— o si insisten con el texto aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero.
En paralelo, se debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves. El proyecto establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para casos como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, además de contemplar sanciones alternativas para infracciones con penas menores a los 10 años.
Entre esas medidas se incluyen la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, restricciones de circulación e inhabilitación para conducir. Asimismo, el texto prevé la creación de institutos especializados para menores condenados, con acceso a educación, atención médica y tratamiento de adicciones, y prohíbe su convivencia con detenidos adultos.
Otro de los ejes del proyecto es el reconocimiento formal de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, garantizando su derecho a ser informadas, escuchadas y asistidas con patrocinio jurídico y apoyo psicológico, además de participar en instancias relevantes, incluidos mecanismos restaurativos.
La sesión será observada con atención tanto por el oficialismo como por la oposición, ya que definirá el avance de dos reformas centrales en la agenda legislativa del Gobierno y tendrá impacto directo en el ámbito laboral y judicial del país.
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