la Corte ya inició el trámite para establecer cuánta plata tendrá que pagar Cristina Kirchner y decomisar sus bienes

Con la finalidad de ponerle un número final al decomiso por el cual deberá responder Cristina Kirchner y los demás condenados en el caso Vialidad, la Justicia determinó que será el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema el responsable de actualizar la cifra que partirá de una base superior a los 86.000 millones de pesos. En el máximo tribunal aseguran que buscan imprimir “celeridad” a la tarea dada la envergadura del dinero involucrado. “El recupero de los bienes de la corrupción es un objetivo de la Corte”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

El objetivo final del proceso de actualización es arribar al valor definitivo que expondrá a cuánto asciende el fraude ocasionado por Cristina Kirchner y los demás ocho condenados en la causa Vialidad a través de los que se denominó una “fenomenal maniobra defraudatoria”.

La cifra de base notificada por el juez Jorge Gorini -responsable de ejecutar la pena-, $86.085.463.548,25 en función de la sentencia firme. Para trabajar en la actualización de ese número las defensas como la fiscalía, ya designaron peritos de parte.

En el oficio remitido al máximo tribunal se determinó que el cuerpo de peritos contables será el responsable de realizar el cálculo actualizado para después, comunicarlo al TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Para el trabajo se solicitará la nómina de los peritos de parte y el designado por el Ministerio Público Fiscal para que participen.

Será el Tribunal el que determine el sistema de actualización de la cifra en base a la cual trabajarán los especialistas. En Comodoro Py entienden que la cifra que se llegue a determinar puede tener sus observaciones por parte de los peritos de parte.

Así como la Corte Suprema de Justicia por unanimidad otorgó firmeza al fallo condenatorio que corroboró una maniobra defraudatoria que dañó las arcas públicas, el próximo paso será fijar la cifra que se traducirá en la exigencia a los nueve condenados en el caso Vialidad, de aquello que deberán pagar.

El decomiso es una de las consecuencias inmediatas de la condena de cumplimiento efectivo. Al comprender la relevancia del expediente, pero sobre todo los montos de dinero involucrados, en el máximo tribunal imprimirán “celeridad al trabajo”, bajo la convicción de que “el recupero del dinero de la corrupción es un objetivo” para la Corte.

En este caso se analizaron los 51 procesos licitatorios a través de los cuales Lázaro Báez fue adjudicatario del 86% de las obras viales que desde 2003 a 2015 el Estado nacional financió en la provincia de Santa Cruz. La justicia federal penal, determinó que los gobiernos kirchneristas, otorgaron de forma sistemática y a través de circuitos irregulares los contratos al Grupo Austral: sin controles del Estado, con exclusivos canales de pago, con simulación de concursos de precios, direccionamientos de las licitaciones, mencionando sólo algunas de las irregularidades juzgadas.

Para los jueces del TOF 2, Cristina Kirchner como responsable del Poder Ejecutivo Nacional y “por mandato constitucional jefa suprema de la Nación, jefa del gobierno y responsable política de la administración general del país, tuvo una intervención fundamental para la concreción del ilícito”.

Para la justicia es relevante llegar a una cifra que exponga el daño ocasionado. En este aspecto, se ponderó “no sólo por el desfalco en sus arcas públicas” sino también que Cristina Kirchner y sus ex funcionarios, “violaron la confianza y responsabilidad primaria que les cabe y sobre todo a quien ejercía la máxima investidura”. Así lo plantea la sentencia: “La confianza que los ciudadanos depositan en los funcionarios públicos y en el orden normativo se ha visto mermada con la maniobra fraudulenta”.

Entre las principales acusaciones contra la ex Presidenta, se dijo que hizo prevalecer el interés personal de beneficiar a Lázaro Báez, que a su vez, era su socio comercial. “A través del dictado de normas de su competencia que permitieron la mayor discrecionalidad presupuestaria para el sostenimiento de los sistemáticos pagos que debían continuar realizando los organismos viales más allá de su capacidad financiera, agobiados por el volumen exorbitante de contratos de obra pública adjudicados, especialmente a las empresas controladas por Báez”.

La sentencia condenatoria se refiere a “una colosal extensión del daño causado” y de un “monto estrafalario” de $84.835.227.378,04 actualizados al 6 de diciembre del año 2022.

El TOF 2 determinó este número como el decomiso en el caso Vialidad, en base a dos criterios específicos: la cartelización de la obra pública que tuvo como único beneficiario al Grupo Austral y en segundo término, el sobreprecio determinado sobre las licitaciones adjudicatarias. El mismo se estimó en un 20% en base a una pericia realizada sobre cinco casos testigos de las 51 obras. Los especialistas hablaron de $ 831,5 millones, pero en diciembre de 2022 se actualizó según el IPC a $ 84.835 millones.

La sentencia condenatoria explicó que “el monto de sobreprecios, la cifra calculada del proceso de cartelización en el proceso licitatorio de cada una de las obras, los daños ocasionados por el abandono de las mismas y lo abonado en concepto de modificaciones de obras y redeterminaciones de precios en la totalidad de los casos”.

En el oficio remitido a los peritos contables de la Corte Suprema, el juez Jorge Gorini consignó una cifra superior a los 86.000 millones, sólo como cifra de base para trabajar en su actualización.

Cuando los camaristas confirmaron la sentencia de juicio, señalaron que estamos ante “una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país. Y esta unicidad indefectiblemente debe ser reflejada en el proceso de mensuración de la pena”.

En consecuencia, el decomiso que es un resultado inmediato del fraude ocasionado, se convierte igualmente en una forma de resarcir al Estado por el daño ocasionado.

¿Cómo se decomisan los bienes?

Cuando se determine a cuánto asciende el decomiso, la Justicia pondrá en marcha el mecanismo correspondiente para avanzar hacia el cobro del dinero: se los intimará a los condenados de que comenzarán a regir diez días para que se depositen los fondos. Sí en el plazo impuesto por el Tribunal los acusados no cumplen, se comenzará con la ejecución de bienes.

Para esta última instancia, el Tribunal avanzará en la actualización de los embargos dictados en el marco de este expediente. Cuando se confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner y los demás involucrados en la maniobra defraudatoria, se avaló el embargo de $10.000 millones que había fijado el juez federal Julián Ercolini cuando firmó el procesamiento.

Fuentes judiciales explicaron a Clarín que los embargos “serán actualizados mediante la correspondiente comunicación a los registros de la propiedad inmueble, para después tener en claro la cantidad de bienes involucrados”.

Para avanzar con este punto, que es un trámite administrativo que realiza el Tribunal, el fiscal general Diego Luciani planteó: “La efectiva ejecución del decomiso en el caso que nos ocupa, adquiere una particular relevancia habida cuenta de que los comprobados hechos de corrupción con la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, provocaron un daño social inconmensurable y sin precedentes”.

Su argumento acompañó un detalle de los bienes bajo titularidad de todos los condenados. El informe de 40 páginas enumera todas las propiedades y empresas de Cristina Kirchner, incluyendo todo lo cedido en partes iguales a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner

El dinero decomisado integrará el presupuesto del Poder Judicial según la Ley 23.852 y una acordada del máximo tribunal. Pero también hay normativa que permite que determinados bienes puedan ser administrados por organismos del Estado. En el caso de bienes inmuebles, los mismos podrán ser rematados.

La fiscalía pidió una actualización de los bienes que poseen los nueve condenados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En lo que concierne a la ex vicepresidenta se reiteró un pedido específico: que se mantenga el embargo trabado sobre el dinero cedido por “Cristina Elisabet Fernández a Florencia Kirchner, consistente en la suma de U$S 4.664.000 que se encuentra en la caja de seguridad U$S 1.032.144,91 -obrante en la caja de ahorro en U$S y $ 53.280,24 de la caja de ahorro en pesos. Todo ello, con los respectivos intereses que se hubieren devengado”.

Después el fiscal Luciani incluyó los 25 inmuebles que la ex vicepresidenta cedió en marzo de 2016 a sus hijos -Máximo y Florencia Kirchner-, en partes iguales.

Tuvo en cuenta y requirió el fiscal, una actualización del valor accionario de Los Sauces SA y Hotesur SA, las dos compañías familiares cuyos accionistas son a la fecha el diputado nacional y su hermana. Estas firmas fueron investigadas por lavado de dinero y es el próximo juicio oral y público que enfrentará Cristina Kirchner junto al líder de La Cámpora. También, se pidió una valuación de COMA SA, un empresa que nunca tuvo actividad y sólo contaba con un terreno en El Calafate.

La mayor cantidad de bienes detallados por el Ministerio Público Fiscal, corresponde a propiedades de Lázaro Báez que, además, incluye más de 130 inmuebles mayoritariamente radicados en Santa Cruz, más el valor accionario de Austral Construcciones, Loscalzos y Del Cierto, Sucesión Adelmo Biancalani y Kank y Costilla, todas constructoras utilizadas para la maniobra defraudatoria.